María Casajús ha defendido la fiabilidad del estudio oficial, destacando que "es un trabajo riguroso, avalado por expertos en calidad ambiental y salud pública"
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Casajús, ha defendido "la firme apuesta del Gobierno regional por la recuperación de los suelos contaminados con un plan real que ya está puesto en marcha para garantizar una respuesta efectiva y sostenible".
Casajús ha realizado estas declaraciones en el marco de la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y ha querido trasladar un mensaje claro a los vecinos: "No se va a dar ni un paso atrás".
Entre los avances ya materializados, Casajús ha destacado la retirada con éxito de 500.000 litros de líquidos residuales peligrosos de una de las balsas ubicadas en los terrenos de Zinsa, así como el inicio de la segunda fase de retirada de otros 800.000 litros clasificados como "no peligrosos". Además, se ha requerido a la mercantil Cartagena Parque la retirada de mas de 150.000 toneladas de residuos sólidos y la presentación de un plan definitivo para la descontaminación total de la zona.
"No se trata de confiar en palabras, sino en hechos que se pueden constatar ". Frente a la incertidumbre del pasado, "hoy hay certezas con actuaciones eficaces y con base científica, que proporcionen una solución definitiva ajustada a la normativa", ha subrayado.
Durante su intervención, ha detallado los pasos dados por el Ejecutivo autonómico en esta materia, a lo que ha hecho alusión a los estudios realizados por la Comunidad sobre las antiguas zonas mineras —avalados por la Entidad Nacional de Acreditación— que concluyen que no existe riesgo para la población, así como la delimitación de las áreas afectadas y la aplicación de medidas encaminadas a una solución definitiva.
María Casajús ha defendido la fiabilidad del estudio oficial, destacando que "es un trabajo riguroso, avalado por expertos en calidad ambiental y salud pública". Ha subrayado que "las decisiones deben basarse en datos contrastados y estudios acreditados", y ha advertido que actuar con prisas o por presión puede poner en riesgo la salud y el medio ambiente.
En este sentido, ha insistido en que "existen precedentes en los que una descontaminación mal planificada no solo no resolvió el problema, sino que agravó las consecuencias para la población y el entorno".
Además, ha recordado que "la ley es clara: quien contamina, paga". Así lo establece la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en la que se basa el trabajo que viene desarrollando la Dirección General de Medio Ambiente en esta materia. Sin embargo, la entrada en vigor de la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ha introducido cambios normativos que podrían haber influido en los procedimientos medioambientales, pero la realidad es que "ha quedado demostrado que el Gobierno regional tiene una hoja de ruta clara en la protección del medioambiente".
